El uso de open source es un fenómeno imparable y cada vez son más las empresas de todo el mundo que incorporan este modelo de desarrollo de software o que utilizan herramientas basadas en él. Las Administraciones Públicas de nuestro país lo tienen claro y su implantación aumenta conforme pasan los años. De hecho, más de la mitad de los gobiernos autonómicos, en concreto 10 de las 17 Comunidades Autónomas, ya ha apostado decididamente por el software libre.
La mayor parte de las iniciativas de uso y adopción de software de código abierto en España tienen el foco puesto en el ámbito educativo y en los servicios municipales (sistemas operativos y programas de los ordenadores de la Administración). Estas son algunas de las iniciativas más destacadas:
• La Junta de Extremadura fue pionera en implementar en 2001 su propia distribución de Linux (gnuLinEx) como sistema operativo de los ordenadores de la Junta y los centros educativos extremeños.
• La Junta de Andalucía es otro de los gobiernos autonómicos que ha impulsado el software libre, en este caso con un sistema operativo y un conjunto de aplicaciones bajo el nombre de Guadalinex. Al igual que en el caso extremeño, el SO lo utilizan Administraciones y centros educativos.
• En el caso del País Vasco, esta CCAA aprobó el Decreto de Reutilización del Software en 2012, siendo así la primera administración de España y Europa en regular a este nivel la contratación de software público. Asimismo, en 2010 se creó la oficina técnica de apoyo al Software Libre (SALE) para liderar las actuaciones en materia de software libre del gobierno.
• La Generalitat de Catalunya, la Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid son tres regiones que se han enfocado en crear software de acceso libre para el ámbito educativo. Con las distribuciones Linkat, Lliurex y Max, respectivamente, tienen como objetivo facilitar el acceso a las TIC a la comunidad educativa, tanto a profesores como a alumnos.
• Los archipiélagos también se suman a estas iniciativas. El gobierno canario apuesta por herramientas de software libre para gestionar las bases de datos de la Administración y para sustituir a las aplicaciones informáticas de la CCAA. Las Islas Baleares, por su parte, llevan años desarrollando software para el Govern; desde 2008, estos desarrollos son públicos en la página web del gobierno.
• Galicia ha establecido un documento para impulsar y regular los estándares abiertos, el ‘Plan de software libre 2018’, donde contempla la reutilización de software y contenidos en la administración, entre otros ejes.
• La Junta General del Principado de Asturias aprobó en noviembre de 2018 el apoyo a la iniciativa ‘¿Dinero Público? ¡Código Público!’, con la que “insta al Consejo de Gobierno a que, de la forma más inmediata, promueva activamente la adopción de software libre en toda la Administración Pública asturiana”.
• En cuanto a los ayuntamientos, el de Barcelona se sitúa a la cabeza. En 2019 casi el 80% de la inversión TI de la ciudad será de código abierto y para 2020 esperan llegar al 100%.Un ejemplo de proyecto es Barcelona Smart City, iniciativa con la que se están implementando sensores de código abierto de Sentilo por la ciudad. Por su parte, la plataforma Decide Madrid, creada por el área de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto del ayuntamiento de la capital se basa en Consul, una herramienta de código abierto de desarrollo propio que ha sido replicada en 33 países y que es usada por más de 100 instituciones de todo el mundo. Otros ayuntamientos de grandes ciudades también tienen proyectos open source en marcha, como es el caso de Zaragoza o A Coruña.
Veracode explica los beneficios y la importancia de securizar el software libre
El software libre tiene múltiples beneficios para las instituciones. Al margen de no tener restricciones por licencias, se trata de un modelo que acelera los ciclos de desarrollo y reduce los costes de los servicios de forma que se produce un ahorro en las arcas públicas. Además, mediante la distribución abierta, los diferentes ámbitos de la administración e, incluso, cualquier ciudadano, tiene acceso a estándares que pueden serles de gran utilidad, impulsando así la retroalimentación y la colaboración, ambos esenciales para una innovación rápida y efectiva.
Sin embargo, existen riesgos y vulnerabilidades en el código que pueden suponer una amenaza a la operatividad y el servicio que presta el software libre, como recuerda Veracode, compañía líder en ayudar a las organizaciones a dotar de seguridad al software. En el caso de las Administraciones Públicas, la seguridad es aún más relevante por dos motivos:
• El carácter esencial de los servicios públicos: una brecha de seguridad en un sistema operativo o aplicación puede llevar a la merma en la operatividad o incluso el colapso de servicios tan importantes para el Estado de bienestar como la sanidad. Por otro lado, la pérdida o sustracción de datos personales también puede generar un problema para los ciudadanos.
• La responsabilidad con los ciudadanos: las Administraciones dependen de la financiación pública y están sujetas al escrutinio de los ciudadanos a través de sus representantes políticos y otros órganos de control. Por ello, deben contar con una mayor exigencia en la protección y seguridad de sus servicios.
En este sentido, para Alejandro Novo, director de Veracode para España y Portugal, el software libre “es el presente y el futuro de las AAPP. Gracias al trabajo colaborativo de los desarrolladores permite una comunicación mucho mayor entre departamentos y ámbitos institucionales, enriqueciéndose los unos a los otros. Eso sí, para que cualquier organismo saque partido a sus ventajas es necesario securizar el software, tanto para no vulnerar la confianza de los ciudadanos como para minimizar el riesgo de amenazas”.
