¿Cuáles son las empresas que lideran las adjudicaciones públicas de centros de datos en España? ¿Qué organismos públicos están realizando las mayores inversiones en infraestructura de datos? ¿Cuáles son los territorios (considerando la AGE como uno de ellos) que concentran la mayor parte de la inversión en CPD? En este informe, correspondiente a datos de los nueve primeros meses de 2024, ha sido elaborado por Carlos Canitrot, director de Consultoría y Marketing de Adjudicaciones TIC-Tenderstool a petición de Data Center Market, se dará una detallada respuesta a todas estas preguntas.
Índice de temas
Introducción
La implantación de Centros de Procesos de Datos (CPD) en las Administraciones Públicas españolas está vinculada a la transformación digital que muchas de ellas están emprendiendo para mejorar sus capacidades operativas, garantizar la seguridad de los datos y ofrecer servicios más eficientes a los ciudadanos. El crecimiento de este tipo de implantaciones y sus correspondientes inversiones responde a varias razones, con implicaciones directas tanto en la gestión interna de los datos como en la prestación de servicios públicos, que han impulsado la construcción y expansión de CPD a nivel nacional.
Razones del crecimiento
El crecimiento de los CPD en las Administraciones Públicas (AAPP) españolas se ha producido principalmente debido a la necesidad de mejorar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de datos. La creciente digitalización de los trámites administrativos y la demanda ciudadana de servicios más accesibles y rápidos han impulsado la necesidad de infraestructuras robustas. Además, las normativas europeas, como el Reglamento General de Protección de Datos, han obligado a las administraciones a asegurar el control y la protección de los datos, lo que ha llevado a una mayor inversión en CPD que ofrezcan entornos seguros y resilientes.
La creación y mantenimiento de CPD propios implica una mayor autonomía en la gestión de datos y servicios digitales. En lugar de depender de proveedores externos o soluciones de nube pública, las AAPP pueden tener control sobre la infraestructura, lo que refuerza la soberanía digital y mejora el cumplimiento normativo. Esto es crucial cuando se manejan datos sensibles o críticos, como información sobre salud, justicia o seguridad nacional.
Por otro lado, los CPD híbridos en las Administraciones Públicas representan una evolución estratégica en la gestión de infraestructuras tecnológicas. Un CPD híbrido combina la utilización de recursos de infraestructuras propias (on-premise) con servicios en la nube, ya sea pública o privada, lo que ofrece una flexibilidad significativa en la gestión de cargas de trabajo y el almacenamiento de datos. Esta solución mixta es cada vez más atractiva para el sector público, debido a la necesidad de gestionar eficientemente grandes volúmenes de datos, cumplir con normativas cada vez más estrictas y responder a la demanda creciente de servicios digitales.
Es probable que la inversión pública en centros de datos disminuya en 2024 respecto de lo alcanzado en 2023, pero, en cualquier caso, la cifra sigue siendo muy positiva
Ventajas e inconvenientes
Uno de los principales retos que conlleva esta expansión es la complejidad técnica de gestionar y operar un CPD. Esto incluye la necesidad de contar con personal cualificado en tecnologías de la información, ciberseguridad, virtualización y gestión de infraestructuras. Además, los CPD requieren una alta inversión inicial, tanto en infraestructura como en mantenimiento continuo, lo que puede suponer un reto presupuestario para algunas administraciones, especialmente las de menor tamaño o con recursos limitados.
Otro inconveniente es la eficiencia energética. Los CPD consumen grandes cantidades de energía y generan temperaturas muy elevadas, lo que requiere implementar tecnologías de refrigeración avanzadas y optimizar los recursos para minimizar su huella de carbono.
En los CPD híbridos, también la complejidad de gestión es un inconveniente. Mantener un entorno híbrido implica coordinar infraestructuras dispares, garantizar la interoperabilidad entre sistemas on-premise y en la nube y asegurar que las políticas de seguridad se apliquen de manera coherente en ambos entornos. Esto requiere una gestión avanzada de identidades y accesos, así como mecanismos de monitorización y auditoría exhaustivos.
La soberanía de los datos también plantea problemas. Aunque las Administraciones Públicas pueden optar por almacenar en la nube pública datos no sensibles, deben asegurarse de que el proveedor de servicios en la nube cumpla con los requisitos legales y normativos, especialmente en términos de localización de los datos y cumplimiento del RGPD.
Entre las principales ventajas se encuentra la capacidad de garantizar la continuidad operativa. Un CPD bien gestionado puede asegurar la disponibilidad de los servicios en caso de fallos o desastres. Además, las AAPP pueden escalar sus operaciones de manera flexible, ajustando la capacidad de procesamiento y almacenamiento a las necesidades cambiantes.
Por otro lado, la mejora en la seguridad es otra ventaja clave. Al centralizar los datos en infraestructuras propias, las administraciones pueden implementar controles de acceso más estrictos, supervisar de manera más efectiva las actividades de los usuarios y aplicar medidas de protección avanzadas frente a ataques cibernéticos.
En los CPD híbridos, una de las principales ventajas es la flexibilidad operativa. Las Administraciones pueden mantener en sus infraestructuras locales los datos más sensibles o críticos, como aquellos relacionados con la salud, justicia o seguridad, garantizando su control y cumplimiento normativo. Mientras tanto, las cargas de trabajo menos críticas o las que requieren mayor escalabilidad pueden ser gestionadas en la nube, permitiendo una expansión dinámica de los recursos según la demanda, sin la necesidad de realizar inversiones permanentes en infraestructura física.
Además, los CPD híbridos permiten optimizar costes, ya que las administraciones no necesitan sobredimensionar su infraestructura local para cubrir picos de demanda, sino que pueden aprovechar los recursos de la nube cuando sea necesario. Esto reduce la inversión inicial y los costes de mantenimiento, al tiempo que garantiza una mayor resiliencia y continuidad operativa en caso de fallos o incidentes.
Este informe se centra en analizar las tendencias de inversión en CPD entre enero y septiembre de 2024, con un enfoque especial en identificar a los principales adjudicatarios de contratos para la construcción y gestión de estos centros de datos, los organismos públicos que han demandado estas infraestructuras y la distribución geográfica de estas inversiones
Objetivo del informe
Este informe se centra en analizar las tendencias de inversión en CPD entre enero y septiembre de 2024, con un enfoque especial en identificar a los principales adjudicatarios de contratos para la construcción y gestión de estos centros de datos, los organismos públicos que han demandado estas infraestructuras y la distribución geográfica de estas inversiones.
A través de un análisis detallado de los datos del mercado, este estudio busca responder a preguntas clave como ¿cuáles son las empresas que lideran las adjudicaciones de CPD? ¿Qué organismos públicos están realizando las mayores inversiones en infraestructura de datos? ¿Cuáles son los territorios (considerando la AGE como uno de ellos) que concentran la mayor parte de la inversión en CPD?
Al comprender estas tendencias, podremos identificar los retos y oportunidades a los que se enfrenta el sector público a la hora de implantar un CPD.
Datos totales
La inversión en infraestructuras y servicios de CPD ascendió, durante los primeros nueve meses de este ejercicio, a 43,66 millones de euros. Comparando este dato con lo invertido durante todo el año 2023, ejercicio en el que se alcanzó la sensacional cifra de 246,72 millones de euros, vemos una notable diferencia que tiene su explicación en la extraordinaria inversión plurianual que realizó el CTTI (Cataluña) por importe de 157,25 millones de euros (que más adelante se detallará); si excluimos esta importante inversión, la cifra resultante de 2023 estaría en el entorno de los 90 millones de euros, que, siendo una cifra muy elevada, está al alcance de conseguirse a finales de 2024, sabiendo que el último trimestre siempre es un periodo de grandes inversiones. En cualquier caso, muy buenos datos.
Inversiones por tipo de Administración
Analizando los datos por el tipo de Administración del organismo inversor, la Administración General del Estado concentra las mayores inversiones, con el 39% de las mismas; a continuación, se sitúan las Comunidades Autónomas con un 33,6% del total y, por último, las Entidades Locales, con el 27,4% y 12,6 millones de euros conforman el total invertido por las Administraciones Públicas españolas.
TOP 10 organismos
Analizando los datos desde la perspectiva del organismo inversor, los principales son los siguientes:
En el TOP 3 se sitúan tres organismos pertenecientes a cada una de las tres administraciones, una empresa estatal (RENFE), otra de carácter local (EMT) y una Consejería del ámbito autonómico (Cons. Sanidad – Canarias), que suman un total del 35% de la cuota de inversión, más de 16 millones de euros. Durante 2023, los tres organismos más destacados fueron: CTTI – Generalitat de Cataluña, ASEPEYO y CESGA (Centro Tecnológico de Súpercomputación de Galicia), con una inversión total de 182 millones de euros y una cuota de inversión de 73,7%.
Entre los proyectos más importantes adjudicados en 2023, hemos seleccionado el que, a nuestro entender, puede suscitar mayor interés: “Servicios de aprovisionamiento y gestión de infraestructuras de CPD de la Generalidad de Cataluña”, del CTTI – Generalitat de Cataluña, con varios lotes y adjudicado por un importe total de 157,48 millones de euros.
TOP 10 adjudicatarios
Las empresas adjudicatarias, tanto las de mayor cuota de mercado como el resto, son fundamentales para los organismos inversores. Las principales durante estos primeros nueve meses son:
Este grupo de empresas son las máximas adjudicatarias de contratos de CPD. El TOP 10 supone una cuota de mercado que roza el 60%, destacando el TOP3 formado por ACUNTIA, UTE Sphera – NTT Spain y LABERIT Canarias con una cuota de mercado del 35, 25% (y 16,24 millones de euros). A continuación, aparecen TELEFÓNICA Soluciones, Fibratel y la UTE Siadde Soluciones – Climatización A.S., con unas cuotas de 6,13%, 4,39% y 4,26%, respectivamente. El TOP 10 lo completan COS mantenimiento, INDRA Soluciones, EVOLUTIO Cloud Enabler y SATEC, con adjudicaciones por importe de 1,22 millones, 1,11 millones, 1,06 millones y 0,99 millones, respectivamente.
En 2023, el TOP3 de adjudicatarios estuvo formado por: T-SYSTEMS ITC IBERIA, UTE Kyndryl España – Seidor Solutions y Fujitsu Technology Solutions, destacando la cifra alcanzada por T-SYSTEMS por un importe de 111,76 millones de euros.
Por área geográfica
Si analizamos las cifras según la zona o Comunidad Autónoma en la que se formalizó la inversión, podemos destacar que (obviando la primera posición de AGE tanto en compras por concurso como por acuerdos marco) es Madrid la comunidad más inversora, seguida de Canarias y Cataluña. Este TOP3 de CCAA suponen el 28,85% sobre el total de las inversiones durante el primer semestre de 2024. Si a este trío le añadimos la parte correspondiente a AGE, entre las cuatro zonas aglutinan un porcentaje superior al 66% de la inversión realizada en el periodo analizado. También cabe destacar la posición de Galicia y Andalucía, con cifras adjudicadas por encima de los 3,30 y 2,50 millones de euros, respectivamente. En 2023, la Comunidad Autónoma que más destacó fue Cataluña con 165,85 millones, seguida de Galicia y Andalucía, que entre ambas alcanzan la cifra de 22,07 millones.
Conclusión
A pesar de que es probable que la inversión en centros de datos disminuya en 2024 respecto de lo alcanzado en 2023, la cifra sigue siendo muy positiva. La expansión de los CPD en las administraciones públicas españolas responde a la necesidad de gestionar datos de manera más eficiente y segura, adaptarse a las exigencias normativas y ofrecer servicios digitales de calidad. Aunque ello conlleva desafíos técnicos y económicos muy significativos, los beneficios en términos de autonomía, seguridad y eficiencia están fuera de toda duda.
